El casco histórico de la Habana Vieja es un espacio que posee una increíble e inmensurable calidad arquitectónica, y sobre todo un peculiar desarrollo urbanístico colonial. En su obra “La ciudad de las columnas”, Alejo Carpentier describe meticulosamente esas angostas calles con sus callejones de encuentro y frescura; calles cuya vieja calidad constructiva se ha ido deteriorando severamente con el paso del tiempo. Esto ha propiciado la necesidad inminente de reparar y restaurar los edificios que son ya patrimonio de la humanidad y es La Oficina del Historiador de la Habana del Dr. Eusebio Leal la institución encargada de realizar estos trabajos -o más bien procesos- de reestructuración de la Habana Vieja. Sin embargo, debido a que muchos de estos edificios son o eran vivienda de ciudadanos cubanos, la misma institución realiza desde el 2007 viviendas modulares de rápida producción con materiales prefabricados con la finalidad de albergar a las familias que con anterioridad habitaban, en condiciones extremadamente vulnerables por los peligros de derrumbe y por su condición espacial, los edificios coloniales de la Habana Vieja.
“Las consecuencias de los desastres, no están concebidas como un pensamiento generalizado por la población, por lo tanto no se pueden enfatizar las consideraciones para la toma de acciones emergentes preventivas que eliminen el factor de riesgo. Esto genera pérdidas, muchas veces irreversibles, de bienes materiales y humanos.” OHDH
El centro histórico de la Habana, con 214 hectáreas y 3 mil 370 edificaciones, de ellas 551 de alto valor patrimonial, tiene una población que asciende a 66mil 742 personas que habitan en 22mil 623 viviendas, según el censo de población y viviendas del 2005. De acuerdo a un reconocimiento, evaluación de riesgo estructural y de habitabilidad en la Habana Vieja y en el Malecón tradicional, el diagnóstico de la vivienda se encontraba en pésimas condiciones. En algunos casos, con posibilidad de derrumbe y en la mayoría de las casas con hasta tres generaciones de una misma familia habitando. Estas viviendas fueron otorgadas por el estado (pos revolucionario) a las personas, a sus ciudadanos, bajo políticas influenciadas por varios factores; primero, las drásticas diferencias de las condiciones de vida entre el medio urbano y el rural, y entre las clases sociales dentro del área urbana, y segundo, por el control de alquileres con rentas altas que se mezclaban con el derecho de permanencia establecido por la ley. En esta etapa, el grave problema de la vivienda generó una población con altas demandas insatisfechas y una escasez en la actividad constructiva que resultaba inaccesible para la población. Consecuentemente, se llevó a cabo la promulgación de la Ley de Reforma Urbana (LRU), la cual después dio paso a la definitiva Ley General de Vivienda (LGV).
La voluntad política puede fundamentarse o construirse a partir de la contradicción riqueza/pobreza que caracteriza a los centros históricos como territorios que, aun presentando graves problemas de deterioro social y de las estructuras físicas, contienen en sí mismos los valores suficientes para implementar procesos de desarrollo que mitiguen e inclusive, reviertan contextos de marginalidad.
El bajo flujo de materiales para construir en Cuba es un problema presente para desarrollar nuevos proyectos, además del bajo capital, la escasez de la mano de obra, la falta de suelo y “la simultánea incapacidad para afrontar un financiamiento masivo de viviendas por parte del gobierno”. Por lo que la resultante evidente es que los edificios -después de 50 años- ya se encuentran en las peores condiciones de mantenimiento y los ocupantes actuales no cuentan con los recursos necesarios para reestructurar sus viviendas, además, el tiempo y las inclemencias del clima, con frecuentes desastres naturales, continúan dañando los edificios antiguos de manera constante.
En la actualidad, para poder intervenir estos edificios y lograr su correcta reestructuración, se ha tenido que reubicar a sus ocupantes en nuevos territorios consolidados como viviendas sociales de producción masiva, por lo que la Oficina del Historiador, en su división de Vivienda, realiza un proyecto barrial para estos nuevos habitáculos. Las políticas del Historiador toman en cuenta a los grupos vulnerables dentro de su sociedad, las razones ya conocidas son: discapacidad, edad, género, pobreza, origen racial, etc. Se deben considerar políticas especiales para estos grupos en desventaja, frecuentemente excluidos o ignorados, si se aspira a un desarrollo integral y con un sentido de justicia social. Inclusive, dentro de estos grupos pueden clasificar también aquellos que, por razones fundamentalmente socioeconómicas, han pasado a formar parte de sectores marginales o transgresores; de ahí que se requieran políticas que integren socio-culturalmente, que atiendan también la prevención y la reinserción social.
De manera internacional, el tema de los grupos vulnerables está íntimamente relacionado con los problemas de violencia e inseguridad ciudadana; no sólo porque las víctimas no son protegidas sino por el origen de algunos victimarios. También están consideradas dentro de las políticas de estructuración social, las situaciones de desastre generadas principalmente por conflictos armados, fenómenos naturales (predecibles o no), manejo de sustancias peligrosas y accidentes. El ambiente de marginalidad y la imposibilidad de acceso a mercados laborables estables, o a la escolarización básica obligatoria, siempre genera respuestas violentas o marginales. En la medida en que todos los ciudadanos tengan acceso a un trabajo digno, a una alimentación básica, y que los niños tengan asegurado su derecho universal a la educación y con garantías de empleos diversos al terminar la escolarización obligatoria, los índices de delitos se reducirán.
La mitigación de las condiciones de riesgo de determinados sectores de la sociedad no puede resolverse sólo en el ámbito local. De ahí la importancia de articular, a otras escalas, políticas desarrolladas con los grupos vulnerables. Un ejemplo claro es el hecho de que, si bien no existen los sin techo como un problema social, los habitantes de las casonas viejas de la ciudad viven en un constante riesgo y deben ser evacuados a mejores situaciones de habitabilidad. Las pocas personas sin techo suelen estar relacionadas a alguna enfermedad psicológica o física, a la segregación o expulsión de algún familiar de sus propiedades, o a la trata de personas, en la cual el familiar o conocido extorsiona a esa persona vulnerable para acudir al espacio público a mendigar ganancias monetarias por medio de su denigración. Sin embargo, el Estado no puede solucionar estos casos aislados, los cuales son mínimos e igualmente ilegales, ya que como dicta el derecho internacional y el local en Cuba, todos deben tener un techo donde desarrollar su vida privada con sus similares. En respuesta, se instalan y administran centros de reinserción social con cooperativas de ayuda para los sectores más vulnerables, en donde se organizan talleres y se ofrece alojamiento a las poblaciones más desafortunadas. Es así como los arquitectos de la Habana se ven forzados a evacuar los edificios que se encuentran en riesgo, y construir en un corto periodo de tiempo viviendas masivas, confortables y habitables, siempre tomando en cuenta que los sectores más vulnerables sean los primeros en recibir el servicio, dando así prioridad a las personas de la 3era edad, discapacitados y mujeres con niños. Para esto se toman en cuenta tres factores importantes: el estado de conservación de la estructura, su valor patrimonial y la vulnerabilidad de sus ocupantes ante la sociedad.
La situación de la vivienda en La Habana está pasando por un proceso clave, en el cual parece que aún no se tienen claras las consecuencias y los resultados. Este inminente deterioro se ha generado por la falta de inversión y de algún fondo de mantenimiento para la vivienda, problema que se trae arrastrando desde hace cinco décadas y que se ha ido agravando. Como menciona Erich Trefftz: “una cifra aproximada de viviendas en mal y muy mal estado en La Habana debe estimarse en más de 200 mil unidades, entre las que se encuentran más de 20 mil viviendas en barrios insalubres, más de 60 mil viviendas en ciudadelas y casi 30 mil familias que siguen viviendo con orden de albergarse en viviendas en peligro de derrumbe”.
Si por un lado resulta evidente que la Revolución ha evitado la degradación urbana, preservado los valores de identidad cultural y evitado a toda costa la segregación social y la gentrificación, generando espacios dignos entre sus territorios -en comparación con los países Latinoamericanos, donde prevalece la desigualdad entre los ciudadanos- habrá que ponderar estos logros comparativos con la situación precaria e inhabitable -sin ventilación ni iluminación- de la vivienda en los edificios viejos, los cuales se derrumban constantemente, poniendo en riesgo a sus habitantes. Si bien se ha constituido la calidad en el espacio común, donde se tiene el impacto más importante en todos los aspectos de la vida diaria incluyendo la percepción clara de la seguridad ciudadana, la accesibilidad en las calles a equipamientos y la procuración del confort en general; se debe seguir trabajando para garantizar a los más vulnerables un hábitat digno, con nuevas soluciones y con reformas sustentables que beneficien a toda su población.
Texto: Fernando Reséndiz Sáinz / @xolotltzcuintli