Ley de proyectos públicos II

Por la trascendencia del  tema tratado por Arturo Ortiz Struck en su anterior colaboración en Portavoz, me permito continuar con algunas reflexiones al respecto. El texto de  Arturo O. me hizo recordar un twitt de Consuelo Sáizar presumiendo la presentación de la nueva cineteca en el festival de cine de Cannes. Lo que no entendió la entonces presidenta de CONCACULTA  fue que si ella o sus colaboradores  hubiesen explicado a sus pares europeos cómo habían asignado el  proyecto, ellos les habrían dicho que en sus países eso constituiría un delito y que si a ellos los descubriesen haciendo algo similar, terminarían en la cárcel.

En México la asignación directa de proyectos públicos no es un delito pero sí  una práctica que debería eliminarse. Tendríamos que  hacerlo no sólo porque el gusto de un individuo no debería imponer cómo deben ser los espacios en donde todos convivimos, sino porque en muchos casos ello constituye una pieza más del complejo engranaje  de corrupción y tráfico de influencias que sigue lastrando al país. La transparencia en la asignación de encargos públicos no sólo afecta, como suele creerse, al ámbito disciplinar de la arquitectura o el urbanismo; es algo mucho más profundo y un tema de primordial importancia en cualquier sociedad democrática moderna: la igualdad en el acceso de oportunidades laborales.

Lo que se paga con dinero de todos debe servir a todos y gestarse a través de un proceso abierto y transparente. Cuando estos procedimientos se hacen de forma adecuada tienen enormes beneficios sociales que van más allá de la obra construida. En los proyectos públicos se tiende a pensar que lo único importante es el resultado final, e incluso que el fin justifica los medios y que si en este país se quiere hacer algo se tienen  que tomar atajos o saltarse ciertas normas. Olvidamos entonces que lo importante no es sólo obtener una obra terminada sino construir un sistema que permita que este tipo de proyectos puedan realizarse a través de los cauces adecuados y de forma democrática.  

Hay muchos arquitectos comprometidos que pese a no sentirse cómodos con las asignaciones directas participan del sistema porque es la única forma que tienen de hacer proyectos para el beneficio común. Hay otros que utilizan el nefasto argumento «es mejor que lo haga yo a que otro lo haga peor», y por supuesto, hay muchos más que se benefician de prebendas y corruptelas y cuyo interés está, por lo tanto, en prolongar el sistema existente.

Tener el privilegio de que te encarguen un proyecto público en México es en muchos sentidos la rifa del tigre. Llevarlo a buen puerto es casi una proeza y el riesgo de ir a la bancarrota esperando un pago o de que no se respete el  proyecto es altísimo. Modificar el proyecto original no sólo afecta sus valores estéticos sino que, en muchos casos, se alteran también componentes técnicos  o materiales especificados que hacen que a la postre los edificios presenten problemas estructurales, de inundación, goteras u otros. Los medios de comunicación  y  el escrutinio público desconocen todos estos detalles y  achacan  al arquitecto problemas generados por decisiones contra las que nada pudo hacer. Si se quiere que los arquitectos se responsabilicen de su trabajo, éstos necesitan  tener la autoridad en la obra que les permita hacerlo.  Así sucede en muchas partes del mundo lo que no sólo responsabiliza al arquitecto sino que lo convierte en  garante del proceso constructivo y de la calidad final de la obra.

Los proyectos culturales realizados recientemente han llamado más la atencion del gremio, pero el grueso del problema no está solo ahí.  ¿Qué pasa con el resto de encargos federales? ¿Qué pasa a nivel estatal?  ¿Qué a nivel municipal? ¿Quién hace la pequeña clínica en Chilpancingo, o el parque de barrio en Guadalajara?  ¿Cuántas oportunidades se desperdician? ¿Cuántas corruptelas suceden? A Sáizar se le presumen buenas intenciones detrás de la forma en la que asignó los proyectos; pero, ¿qué sucede si no es así? ¿Qué pasa cuando se trata de un caso de corrupción? Parte del problema parece estar en  que cuando se trata de proyectos para edificios públicos se tolera cierto fraude patriótico bajo la creencia de que es la única forma que existe de asegurar un proyecto de mayor calidad. La élite cultural y política de México, los editorialistas más influyentes e inclusive la critica arquitectónica especializada alaban los edificios de los «grandes arquitectos mexicanos», pero nunca se preguntan cómo les han sido asignados.  Los mismos que denuncian las irregularidades en el IMSS o el SNTE parecen olvidar  su postura crítica si se trata de un proyecto que juzgan bello o si el autor forma parte de la crema cultural del país. Cualquier arquitecto europeo o americano que visita México queda sorprendido con la cantidad de obra pública de Teodoro Gonzalez de León, Abraham Zabludovsky o Ricardo Legorreta entre otros. Les sorprende la cantidad porque está construida en una época en la que en sus países las cosas ya se hacían de otra forma y en donde era imposible que un despacho acaparara los encargos públicos por la simple razón de que su trabajo le gustaba al presidente o secretario de estado de turno. Llevamos 30 años de atraso y los arquitectos debemos estar conscientes de que estamos así, en parte, gracias a que las generaciones que nos precedieron no hicieron nada para cambiar las cosas. Nosotros no podemos hacer lo mismo.

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